Sesión 9 del Congreso Internacional sobre Códigos éticos en Medicina y Biotecnología en Friburgo

Alemania, 12-15 de Octubre de 1997

Etica médica y derechos humanos en América del Sur*

Horacio Riquelme U.**

Introducción

Bloque I: Sobre la obediencia incondicional

1. Tortura y praxis médica

a) Tortura bajo observación médica

b) Labores médicas específicas en lugares de detención

c) Tortura y tratos crueles, en base a criterios médicos

e) Ejecuciones con métodos propios de la medicina

f) Malpraxis circunstancial con consecuencia de daño

2.- Medicina y Justicia en vínculo dudoso

a) Labores médico-forenses

b) Emisión de certificados falsos de buena salud o de defunción

c) Semántica de la complicidad

3. La apropiación ilícita de la descendencia.

a) Definición del problema

b) Detección científica de la descendencia robada

4.  Médicos y gestión ideológica de las dictaduras

Bloque II: La otra expresión de la historia

5.  El reverso de la medalla

6. Sumarios y juicios internos de las organizaciones médicas. Las condiciones de amnistía legal.

Bloque III: Reacciones frente a nuevos dilemas de ética

7. nuevos temas de conflicto ético-médicos

a) Ex-torturadores y su virtual tratamiento psicoterapéutico

b) Médicos y pena de muerte:

c) Médicos y huelga de Hambre:

d) Normas éticas relativas a la atención médica de detenidos

e) Hacia una legislación contra los crímenes de lesa humanidad

Comentarios

Introducción

La situación de la ética médica en Argentina, Chile y Uruguay -países al "umbral del desarrollo"- manifiesta un alto grado de complejidad y está representada en la actualidad en forma paralela por tres corrientes principales, con razones propias para cada una:

a) la dimensión bioética, en tanto que la evaluación de las consecuencias de la tecnología y del desplazamiento de las fronteras de la medicina (trasplantes de órganos, biotecnologías, reproducción humana) significa aquí también un aspecto relevante;

b) la dimensión médico-social, pues hoy como ayer la pobreza cobra su tributo en violencia estructural en una parte importante de la población a través de enfermedades y de una atención médica inaccesible para muchos[1] y

c) la dimensión de derechos humanos, ya que la época de las dictaduras militares mantiene un efecto latente y las consecuencias de la violencia organizada se hacen paulatinamente manifiestos en los individuos y la sociedad[2].

  Esas tres dimensiones están enclavadas en estructuras autónomas: la participación en el discurso internacional sobre bioética es realizada, entre otros, por institutos como la "Fundación J. M. Mainetti para el Progreso de la Medicina", en La Plata, Argentina, y sus órganos de publicación.[3] La investigación y planificación consagrada a la medicina social, de larga tradición en Sudamérica, fue retomada en las universidades de Argentina, Chile y Uruguay tras el retorno a la democracia[4] y, la dimensión de los derechos humanos ha encontrado un acceso reconocido a las revistas médicas especializadas.[5]

   Estos tres niveles de gestión en ética médica en Sudamérica parecen poco congeniables entre sí. Pues si bien la medicina vive actualmente un verdadero auge de la deontología (la ética como doctrina de los deberes), tanto en el campo académico como en el profesional (en 1992 se publicaron simultáneamente en Uruguay dos tomos sobre normas, códigos y declaraciones en ética médica para estudiantes y profesionales), hasta ahora sin embargo ninguna instancia académica de los países del estudio se ha visto en condiciones de iniciar una síntesis de esas tres vías de conocimiento de la ética médica. Es de suponer que los sucesos ocurridos durante las dictaduras militares hicieron surgir una sensibilidad muy afiatada frente a la fragilidad ética del quehacer médico, pero también que los temores propios del estado de excepción mantienen su efecto hasta hoy incluso entre representantes de opiniones sólo un poco diferentes en lo relativo a la ética médica en el concierto social.

 La experiencia social de los últimos veinte años en América del Sur muestra ejemplarmente cómo la dominación totalitaria logró influir substancialmente en la actividad médica, y en este nuevo orden de cosas, cómo muchos axiomas éticos fueron objeto de omisiones y ultrajes regulares, pareciendo así que ellos fueran tan solo una expresión de buenos propósitos y no constituyeran de por sí principios rectores de la actividad médica; máximas de la ética profesional de conocimiento regular en el personal de salud en cada uno de los tres países, además de estar sancionadas en múltiples convenciones y códigos internacionales.[6] 

Contrastando los acontecimientos bajo el „Estado de excepción“ con el espíritu del código de Nurenberg, es posible postular que el código pierde su calidad rectora en el ámbito de interacción de la médica con los derechos humanos bajo la dictadura en Argentina, Chile y Uruguay.

Para demostrarlo en términos ejemplares se dará curso aquí a un estudio de la praxis médica bajo el régimen militar sobre siete cuestiones centrales y tres bloques temáticos, a saber:

Bloque I: Sobre la obediencia incondicional

1) ¿Es demostrable la actividad específica de médicos en tortura?

2) ¿Hubo colaboración directa de médicos con la justicia militar?

3) ¿Participaron médicos en la entrega de niños recién nacidos de "madres desaparecidas" a terceras personas?

4) ¿Fueron los médicos implicados tan solo secuaces de los regímenes de violencia?

Bloque II: La otra expresión de la historia

5) ¿Hubo resistencia de parte de los médicos frente a violaciones de derechos humanos?

6) ¿Son convincentes las revelaciones de las comisiones de ética profesional instauradas a esos efectos?

Bloque III: Reacciones frente a nuevos dilemas de ética

7) ¿Qué actitudes frente a zonas de conflicto ético de nuevo cuño son deducibles de las experiencias de esa época?

El estudio de la relación entre ética profesional y derechos humanos en ese período sigue la sistemática enunciada en los siete temas centrales y en base a documentos de solvencia reconocida.

 La participación directa de médicos, tanto en actividades represivas del terrorismo de estado como en manifestaciones de resistencia, dio curso a circunstancias inéditas, sobre las cuales tanto menos se sabe, cuanto se hace referencia a ellas como propias de una época “excepcional”.[7]

Bloque I: Sobre la obediencia incondicional

 La disposición a cooperar con un sistema represivo se demostró explícitamente en algunos mienbros del cuerpo médico. La opinión sobre la tortura del Dr. Guido Díaz Paci, frente a la Comisión Especial del Departamento de Ética del Colegio Médico de Chile, es muy significativa ya que él fue encargado, como médico de sanidad militar, de los detenidos por razones políticas durante más de seis años:

"Creo -dice (el Dr. Díaz)- que la tortura es un grado extremo de apremio físico y que el apremio físico, sin provocar lesiones, es legítimo..., aquél apremio que sólo provoca dolor..., es lo mismo que uno le hace a los hijos cuando les tira de las orejas o les da un golpe de castigo..., pienso que el apremio sicológico también puede estar permitido, como impedir el sueño o algo por el estilo..."[8]

1. Tortura y praxis médica

 Una definición conceptual da constancia de la existencia de un fenómeno. El Colegio Médico de Chile (CMC), además de reconocer su vigencia, amplía para la tortura el ámbito de actividades profesionales más allá de gestiones nocivas de galenos:

"La supervisión de la tortura desde una perspectiva médica equivale a la evaluación periódica de la capacidad de la víctima para soportar un tratamiento cruel. También involucra el tratamiento de las lesiones causadas por la tortura o no denunciar la tortura, dejando de este modo a la víctima a merced de sus aprehensores".[9]

a) Tortura bajo observación médica

 La máxima ética nil nocere (no producir daño en la gestión médica) es afectada en forma substancial por la participación de médicos en actividades de tortura y maltratos.

 Las situaciones ejemplares, descritas a continuación, dan cuenta de la actividad médica en torturas.

 En Argentina, el Dr. Liwski describe la siguiente situación, ocurrida durante el "Proceso de Renovación Nacional":

"Ya atado, la primera voz que oí fue la de alguien que dijo ser médico y me informó de la gravedad de las hemorragias y que, por eso, no intentara ninguna resistencia... En esos días hay una segunda... intervención de Vidal que es en relación a un comentario que le hace a uno de los torturadores, casi textualmente: »Por el día cuarto o quinto de tortura, hay que insistir porque entonces la acetilcolina se está agotando y a partir de allí sabemos que toda posibilidad de resistencia es vana to a mis dos hijas de 3 y 6 años en ese momento, Ana y Julieta, es consultado Vidal por el operador más directo de tortura, el comisario Raffo, acerca de las condiciones a considerar para aplicar tortura en niños. Fue muy categórica la respuesta de Vidal diciendo que a partir de los 25 Kilos ya era posible la aplicación de la picana eléctrica.[10]

En cuanto a Chile, el Informe "Verdad y Reconciliación" detalla lo ocurrido en la localidad de San Antonio, representativo de la situación general en Chile tras el golpe de estado de 1973:

"Fue característica... la presencia de médicos, también encapuchados, que controlaban la tortura (de modo que no fuese mortal) y atendían de urgencia a las víctimas más dañadas por ella. En la rutina habitual, el detenido cuyo interrogatorio no ofrecía ya posibilidades de nuevas revelaciones, era remitido o devuelto  -generalmente en estado lamentable- a la Cárcel Pública de San Antonio... El informe de un organismo humanitario, a fines de 1973 y comienzos de 1974, hace ver el alto número de atenciones médicas que requerían los prisioneros de la cárcel, número cinco o seis veces superior en porcentaje a los de otras cárceles visitadas..."[11]

En Uruguay hubo médicos que realizaban evaluaciones sistemáticas sobre la virtual resistencia de los prisioneros:

"Al ser admitido a un centro de detención cada nuevo detenido era examinado por un médico, quien luego preparaba un 'informe médico completo'. Este informe era enviado a los oficiales militares responsables del detenido. Los oficiales a cargo del interrogatorio a menudo utilizaban esta información referente a problemas de salud preexistentes para establecer un límite para el maltrato. Por ejemplo, si el oficial sabía que el detenido tenía problemas cardíacos, la inmersión en el 'submarino' debía abreviarse, o tal vez reemplazarse por otro procedimiento. Además los oficiales a veces solicitaban exámenes médicos durante una sesión de tortura para decidir si debía suspenderse o si podía continuar.."[12]

b) Labores médicas específicas en lugares de detención

 Durante la dictadura, la actividad médica y sanitaria en cárceles y campos de concentración se realizó a menudo en base a criterios no habituales en tiempos de democracia.

 En Argentina se puede reconstruir esta particular actitud de acuerdo a la siguiente declaración:

"Mientras estaba en La Escuelita recibí atención médica en dos ocasiones. Una vez durante una sesión de tortura y estando aún vendado, alguien auscultó mi corazón y mis pulmones con un estetoscopio. Después se hicieron pruebas de orina debido a que uno de mis riñones había sido afectado. Me sentí como un animal en un experimento de laboratorio, con un profesional que atendía a mis funciones vitales pero que no me consideraba como ser humano. Otro prisionero me dijo conocer al médico. Él pudo ver al médico por debajo de su venda y lo había reconocido. Solo recuerdo que su último apellido era alemán y que era un doctor de la primera división de la armada en Bahía Blanca".[13]

 La situación en cárceles y otros sitios de detención en Chile no revela contornos muy diferentes:

". Alberto Barraza... manifestó en su declaración ante el tribunal que un médico lo trató en tres ocasiones mientras estaba siendo sometido a tortura. 'Después de cada examen el médico decía: >Está muy bien, pueden seguir con el tratamiento<. Se trataba evidentemente del mismo médico que me hizo tomar tabletas tres veces al día y un líquido agrio con gusto a menta’..“[14]

 En un comentario pertinente el Dr. Mandressi manifiesta al periodista de The New Yorker, L. Weschler:

"Ud. debe comprender que estos tipos eran especialistas. Ellos fueron altamente entrenados en métodos para producir el máximo dolor sin dejar ni una sola huella física significativa, y en particular, sin matar a la víctima. Ha habido relativamente pocas muertes bajo tortura en Uruguay. Esto era así porque por lo común había médicos que asistían las sesiones."[15]

c) Tortura y tratos crueles, en base a criterios médicos

 No hubo sólo presencia física de médicos en las diversas actividades represivas, sino que algunos de ellos también parecen  haberse esforzado por realizar sus labores en términos cada vez más sofisticados.

 Sobre Uruguay entrega el Dr. Gregg un ejemplo de celo profesional en esta suerte de actividades:

"Un ex-funcionario del Penal de Libertad expresó que los informes de los médicos ayudaban a un estrecho control de las 'actividades y actitudes de los reclusos': 'Aprendimos mucho sobre la marcha. Cuando observábamos algún tipo de actitud nerviosa, mucha charla, demasiada conversación, tomábamos medidas para neutralizarlo... Por ejemplo les concedíamos menos tiempo de recreación, les quitábamos los libros, los cambiábamos de celda, aumentábamos los controles. Todo esto reduce sus actividades porque nunca duermen tranquilos, nunca descansan."[16]

En un país de reconocida formalidad como lo es Uruguay no parece causar mayor sorpresa que la policía, ya en fecha tan temprana como agosto de 1970, haya solicitado permiso a  la justicia para utilizar pentotal en el interrogatorio de presos políticos. Poco antes el Senado de la República había designado una Comisión para aclarar las denuncias de  torturas, al parecer ser una de las actividades regulares de la policía política incluso antes del golpe de estado en 1973. Un médico forense, convocado a declarar ante dicha Comisión, contestó: "¿Y Ud. pregunta si hay torturas? Debe ser el único uruguayo que no lo sabe."[17]

e) Ejecuciones con métodos propios de la medicina

 Mucho menor difusión ha tenido la utilización de conocimientos médicos para producir la muerte de prisioneros. La información de que disponemos se refiere solo a Argentina, en Chile y Uruguay no se excluye que también haya ocurrido, pero no contamos con referencias verificables de ello:

 Del Informe "Nunca más" surge la siguiente declaración:

"... Los tres vehículos entran por una calle lateral de tierra hasta un paraje arbolado, allí estaba el oficial médico Dr. Bergé (.....) Se desciende a los tres cuerpos de los tres ex-subversivos que en esos momentos estaban vivos. Los tiran a los tres sobre el pasto, el médico les aplica dos inyecciones a cada uno, directa-mente en el corazón, con un líquido rojizo que era veneno. Dos mueren, pero el médico da a los tres por muertos... Allí el cura von Wernich me habla en una forma especial por la impresión que me había causado lo ocurrido; me dice que lo que habíamos hecho era necesario, que era un acto patriótico y que Dios sabía que era para bien del país. Estas fueron sus palabras textuales..."[18]

f) Malpraxis circunstancial con consecuencia de daño

 La experiencia en el tratamiento médico de los reclusos parece estar impregnada también por una actitud de desprecio hacia sus derechos como pacientes.

El Dr. Liwski declara sobre una experiencia de enfermedad durante el período de prisión:

"Al día 60 o 65 de estar desaparecido, fue como consecuencia de un cuadro muy agravado, que se me presentó por fiebre tifoidea, que me había vuelto a aparecer por aquél momento. Fue traído a la celda Vidal, pude verlo en forma directa e indicó delante mío la medicación adecuada para estos casos que es cloranfenicol. Todos los que participan de la actividad médica saben que se requiere de un tratamiento de alta dosis, prolongado y permanente como condición básica para la efectividad de este tratamiento,... se suspendió el cloranfenicol a las 48 horas. Por lo tanto, el efecto  es exactamente contrario al que se busca con el tratamiento."[19]

Reflexión ético-profesional: En tanto que todos los países de América Latina han suscrito y ratificado la Convención contra la Tortura, parece evidente que el postulado "tortura y praxis médica son contrarias entre sí y se excluyen mutuamente" sea de conocimiento general y se refleje en la actividad médica cotidiana. Sin embargo no basta con tal declaración de buenas intenciones para crear una conciencia del problema entre los médicos y la población global; creemos que solo la demostración ejemplar de casos de omisión y de lesión a la máxima moral proclamada puede conducir a que tome cuerpo social una cultura de los derechos humanos.

2.- Medicina y Justicia en vínculo dudoso

  Hay diversas áreas de función profesional que concitan el interés particular de cada régimen de excepción y en las cuales sólo se mantiene a personas de absoluta confianza[20], en América del Sur la medicina forense ocupó  una posición destacada.

A continuación nos abocaremos a exponer circunstancias de conflicto ético en que la interrelación entre medicina y justicia se destaca ejemplarmente en términos controvertidos.

a) Labores médico-forenses

 El funcionamiento de la Morgue Judicial durante la dictadura argentina muestra formas de complicidad profesional de los médicos forenses con el aparato represivo y permite entender cómo funcionaba un sector del sistema de "desapariciones" de personas muertas por el aparato militar.

 Las personas destinadas a la „desaparición oficiosa“ eran llevadas  a la Morgue Judicial para su autopsia y ser identificadas cabalmente y luego, trasladadas por los militares e inhumadas en fosas comunes como N.N., sin que se informara de estos actos a sus familiares:

"Siempre ocurría igual: se cerraban las calles adyacentes a altas horas de la noche y camiones del ejército ingresaban a la cuadra, para detenerse ante el citado edificio. Allá depositaban su carga. Nadie, entre el aterrorizado vecindario, se hubiera atrevido a decir en voz alta lo que todos fueron sabiendo poco a poco."[21]

Aún en plena dictadura, a fines de 1982, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS)) planteó una denuncia sobre actos irregulares en el funcionamiento de la Morgue Judicial entre los años 1976-78 que afectaban a 106 personas, cuyos cuerpos habían sido ingresados en ella Morgue por orden militar.

De la acusación formal hemos extractado lo siguiente:

"En esencia, los denunciantes estimaban que, mientras el Poder Judicial informaba, a través del rechazo de hábeas corpus, que se ignoraba el destino de los desaparecidos, sus cuerpos sin vida (varios identificados y otros sin cumplirse este trámite elemental) estaban en poder de la Morgue Judicial con conocimiento de la Cámara Penal... Se imputaba que dicho organismo hubiera realizado autopsias y efectuado inhumaciones de cadáveres N.N. sin dar intervención a ningún juez, siguiendo para ello instrucciones de las Fuerzas Armadas, lo que representaba la omisión de investigación por parte del Tribunal Superior, pese a su conocimiento de la evidencia de 'muertes violentas' e inexistencia de intervención del magistrado competente."[22]

Para fundamentar esta acusación se incluyeron "Expedientes con juicios de habeas corpus en los cuales se sentenció el rechazo de la acción protectora fundado en que las autoridades requeridas para informar, respondieron que 'no están detenidos', cuando su cuerpo mortal (estaba) precisamente en la Morgue del Poder Judicial".

 Durante la investigación administrativa siguiente, el decano del Cuerpo Médico Forense en 1978, Dr. José Daverio, declaró en un informe que la Cámara Penal tenía conocimiento cabal de estos hechos y que él, como corroboración de ello, había solicitado con insistencia "la integración de un mayor número de médicos autopsistas dado el incremento del trabajo a consecuencia de la remisión de cadáveres por la autoridad militar."[23]

Las presiones a que eran sometidos los médicos funcionarios en el  Uruguay se manifiestan en el siguiente documento:

"En los primeros días de diciembre (año 1976) viene a buscarme a mi casa la ambulancia del cuartel. El chofer y el enfermero me dicen que en Bella Unión había fallecido un detenido. me llevan al despacho del Jefe del Regimiento, quien me confirma aquel hecho y me dice que sólo los jefes y ahora yo saben de esta muerte y que si la noticia trascendía sería de mi cargo. En ese momento repliqué que tanto el chofer, enfermeros y soldados sabían del hecho pues ya era comentado por muchos en el cuartel.

 Esa misma noche me trasladan a Bella Unión... En el cuartel de Bella Unión se hallaba el cadáver de Dante Porta, realizándose la autopsia por el médico de policía Dr. N..., quien no era médico forense. Dicha autopsia resultó en "blanco" (sin evidencias de daño específico). Se me exige la confección de un certificado de defunción, en el que hago constar como causa de muerte "polimicro infartos de miocardio", pretendiendo con tal diagnóstico poner un signo de Shock que yo íntimamente pensaba que había sido la causa -o probable causa- de la muerte de Porta."[24]

b) Emisión de certificados falsos de buena salud o de defunción

 Las intenciones manifiestas en los actos de trastocar diagnósticos, hacer declaraciones falsas y evaluar incorrectamente parecen surgir no sólo de un afán de ocultamiento llano, como en el acápite anterior, sino además de documentar un área paralela de actividades médicas, consecuente al interés de causar daño a los afectados y que para la mayoría de los casos, en ausencia de cuestionamiento jurídico ulterior, mantiene la impunidad de los médicos implicados.

 Una investigación desarrollada por el equipo científico de apoyo a las Madres de Plaza de Mayo de Argentina da a conocer los nombres de veintiún médicos que habrían expedidos certificados falsos de defunción; así por ejemplo, sobre "muertes por enfrentamiento", cuando en verdad las personas afectadas habían sido fusiladas.[25]

 En una documentación específica sobre esta rama de labores profesionales, el Colegio Médico de Chile no elude incluso poner un comentario sarcástico:

"El Departamento de Ética está al tanto de numerosos casos en que los médicos han examinado a víctimas de la tortura antes de su liberación pero no informaron sobre la existencia de lesiones derivadas de la tortura. Parecería que estos detenidos acababan de abandonar un establecimiento de descanso. Todos gozan de buena salud y no denotan signos de traumatismo físico. El médico de la CNI emite un certificado de salud en el que se expresa que todo está normal. La firma del médico es casi siempre ilegible. Además el médico no anota el número de su documento de identidad en el certificado....  Creemos, sin reservas, que estos certificados no cumplen con su objetivo de proteger al detenido. Por el contrario se han tornado parte de una rutina que permite todo tipo de excesos con total impunidad. Los médicos que expiden tales certificados son, por lo tanto, cómplices de tales excesos" (Cursivas H.R.).[26]

Para el caso uruguayo merece especial consideración la muerte bajo tortura, ocurrida poco después de su detención en 1984, del médico Vladimir Roslik. Ella trajo consigo la primera investigación interna del gremio médico sobre la responsabilidad de médicos militares en violaciones de derechos humanos. De esta forma se puso de manifiesto la dificultad básica de algunos funcionarios de salud militares para separar las áreas de competencia militares y médicas.

En su declaración ante una Comisión Investigadora ad hoc de la Asociación Médica del Interior (AMEDRIN), el Dr. E. Saíz P. mencionó como algo rutinario el haber examinado tres veces en menos de veinticuatro horas al Dr. Roslik "por orden recibida", dijo no haber oído que éste se quejara de haber sufrido torturas y que, también por orden superior, había realizado la autopsia del Dr. Roslik después de su muerte. En el informe autópsico oficial establecía que la muerte se había debido a una "falla cardiorespiratoria".

La familia del Dr. Roslik, a instancias de otro médico, el Dr. Burjel, exigió la realización de una segunda autopsia. Esta aportó claras pruebas de la muerte violenta del Dr. Roslik a manos de sus captores; así, el volumen sanguíneo estaba muy disminuido en los grandes vasos, había ruptura hepática, signos de traumatismo esplénico y estigmas de múltiples traumatismos superficiales y profundos. Además se observaba que el pulmón derecho, en sus lóbulos medio e inferior, presentaba "un contenido con similares caracteres macroscópicos del contenido gástrico"... síndrome asfictivo", esto es, señal de aspiración (indicio de asfixia por inmersión). Los anatomopatólogos llegaron a la conclusión de que la muerte del Dr. Roslik se debía a las lesiones y/o a asfixia por inmersión (método de tortura conocido como "submarino"), o a ambas, sufridas durante su corta reclusión.

El Dr. Eduardo Saíz Pedrini, médico militar que había efectuado la autopsia oficial del Dr. Roslik, fue expulsado de AMEDRIN en marzo de 1985. Esto no obstó para que fuese enviado ese mismo año como médico regular del contingente uruguayo de las Fuerzas Internacionales de la Naciones Unidas destacadas en Sinaí.[27]

c) Semántica de la complicidad

 Sin particularizar sobre grados de aquiescencia consciente o insconciente en los médicos participantes, algunos eufemismos médicos son también útiles en el propósito de ocultar violaciones a los derechos humanos.

 Un ejemplo sutil en su engranaje argumentativo es el del Dr. Mautone, entonces médico jefe de Anatomía Patológica del Hospital Militar, quien en sus informes daba como causa de muerte "edema agudo del pulmón" o "insuficiencia aguda cardio-pulmonar", ambos cuadros "originados por stress", en pacientes que evidentemente habían muerto a consecuencia de torturas. Este médico dejaba a discresión del jurado respectivo el pedir o no pedir explicaciones sobre la acotación diagnóstica "stress".

En su declaración ante la Comisión de Ética sobre el "Caso Balbi" manifiestó el Dr. Mautone:

"el 20 de agosto (1975) llegó una persona en circunstancias similares y la tuve que autopsiar. Lo hice, envié el material al juez de instrucción y además le dije al director que no podíamos recibir más esas porquerías porque Sanidad Militar está para cuidar enfermos y no para ésto. Yo estoy legalizando para que al tipo lo entierren y se lo saquen de encima (los responsables de su muerte)... El Juez me llamó para que le explicara con mayor claridad mis conclusiones. Me preguntó qué era el stress y le aclaré que era un montón de pequeñas cosas que por sí solas no son causa de muerte: sacarle el cigarrillo que fuma, ponerle la música fuerte, echarle pulgas, darles golpes; pero que producen una desintegración tal de las resistencias físicas que cuando lo mandan al submarino y el muchacho se siente asfixiado hace un esfuerzo desmedido, para no ahogarse, y esto en un organismo ya claudicado, produce la falla cardíaca aguda que lo mata..."[28]

Reflexión ético-profesional: La disposición a colaborar con la violencia organizada, trastocando hechos delictuosos hacia una „regulación profesional“ exculpante en una dicción médico-legales, merece una atención especial, tanto más que para muchos de los médicos la disposición a responder por actos de encubrir crímenes de lesa humanidad aún hoy está fuera de discusión. Éste „olvido“ o reticencia a tratar un aspecto central de la complicidad de facto de médicos con la dictadura crea vías de reiteración de tal obediencia irresponsable.

3. La apropiación ilícita de la descendencia.

a) Definición del problema

 El traspaso de niños nacidos durante el cautiverio de madres "detenidas- desaparecidas" hacia personas que no tenían parentesco alguno con ellos fue un procedimiento usual en los lugares de detención clandestinos conocidos como "chupaderos" en Argentina. Se estima que más de trescientos niños fueron así arrancados de sus familias originarias y entregados en adopción.

Sobre esta práctica manifestó, en términos casi programáticos, Ramón Camps, oficial de alta graduación del Ejército argentino, durante una entrevista al semanario español "Interviú":

"...no desaparecieron personas, sino subversivos. Personalmente, no eliminé a ningún niño, lo que hice fue entregar a algunos de ellos a organismos de beneficencia para que les encontraran nuevos padres. Los padres subversivos educan a sus hijos para la subversión. Eso hay que impedirlo..."[29]

El informe de CONADEP incluye los nombres de varios médicos que participaban directamente en tales gestiones:

"Una vez nacida la criatura, la madre era 'invitada' (con toda formalidad) a escribir una carta (la que sin excepción permanecía en actas) a sus familiares a los que supuestamente les llevarían el niño... El entonces Director de la ESMA, capitán de navío Rubén Jacinto Chamorro, acompañaba personalmente a los visitantes, generalmente altos mandos de la Marina, para mostrar el lugar donde estaban alojadas las prisioneras embarazadas, jactándose de la "Sardá" (que es la maternidad más conocida de Buenos Aires) que tenían instalada en ese campo de prisioneros... Por comentarios supimos que en el Hospital Naval existía una lista de matrimonios de marinos que no podían tener hijos y que estarían dispuestos a adoptar hijos de desaparecidos. A cargo de esta lista estaba una ginecóloga del nosocomio".[30]

R. Salguero especifica sobre este proceder clínico:

"La particularidad de estas pacientes (parturientas detenidas-desaparecidas) era que no se consignaba ni el nombre ni el apellido de la paciente sino que figuraban en las planillas solamente dos letras 'N.N.'".[31]

 Encontramos elementos complementarios a esta declaración en el informe "Nunca más":

"Es ilustrativo el caso de Silvia Isabella Valenzi (Legajo N° 3741), quien estando secuestrada en el pozo de Quilmes, fue llevada a dar a luz al Hospital de Quilmes, novedad que fuera anotada en el libro de partos del Hospital, como asimismo el nacimiento de su hija Rosa Isabella Valenzi. El libro de partos aludido, cuya copia fuera obtenida por esta Comisión, aparece en su hoja 156 groseramente testado, habiéndose insertado la mención NN, donde constaba el nombre de la paciente Silvia Isabella Valenzi, y al lado del número 82019 donde figura el nacimiento de Rosa Isabella Valenzi se ha aditado: "falleció".

 La enfermera y la partera del Hospital fueron secuestradas por el 'delito' de poner en conocimiento de los familiares de Silvia Isabella Valenzi los hechos relatados."[32]

b) Detección científica de la descendencia robada

 El vacío generacional que produjo el "desaparecimiento" de los padres como instancia jurídica para recabar el acceso a los niños nacidos en cautiverio, fue cubierto por las así llamadas "Abuelas de Plaza de Mayo". La organización de las „Abuelas“ es constituida por un grupo de mujeres, madres de "desaparecidos" que está en conocimiento de los partos ocurridos en las cárceles y que desde muy pronto se abocaron a la tarea de  rescatar a sus nietos.

El desarrollo de la genética como disciplina biomédica ha sido de inestimable importancia para la identificación de estos niños dados en adopción ilegal a parejas proclives al régimen militar.

Para determinar la identidad y relación parental de los niños en cuestión se utilizan estudios hematológicos de marcadores genéticos a través de las siguientes pruebas:a) grupos sanguíneos; b) proteínas séricas; c) H.L. o histocompatibilidad y d) enzimas séricas. El resultado de estos exámenes constituye una prueba concluyente de determinación tanto de identidad como de parentesco y ha sido incorporado en la gestión regular de los tribunales competentes.[33]

El rapto de recién nacidos de madres „desaparecidas“ y su entrega en adopción a personas ploclives al régimen militar ha devenido desde 1997 en el punto débil del sistema de amnistía para militares argentinos. Como este delito no estaba considerado dentro de la amplia gama de trasgresiones legales y a los derechos humanos que las leyes de „punto final“ y de „obediencia debida“ consideraban como propias de la „guerra sucia“ ha sido posible llamar a juicio a connotados representantes del ex-gobierno militar.

Reflexión ético-profesional: A pesar de la intensa actividad realizada por organizaciones como „Abuelas de Plaza de Mayo“, persiste hoy aún una „zona de silencio“ sobre el destino de muchos niños, nacidos durante la prisión de sus padres en el período dictatorial. Los médicos cómplices de estas actividades continúan por lo común en su profesión ya que los juzgados se declararon  en su oportunidad no competentes y la condena moral de sus pares no ha tenido mayores alcances.

La participación de médicos en adopciones forzadas o en la „facilitación de bebés“ a personas que pagan tales „servicios“ se ha transformado en un área de comercio comprobado en muchos países de América Latina. La herencia cultural de las dictaduras en América del Sur puede resumirse en un desprecio manifiesto por los derechos de personas indefensas; los niños requieren de protección de por sí. Es preciso entonces fortalecer la sensibilidad social y de ética profesional sobre el derecho a la propia identidad del niño y agilizar las instancias de control judicial donde sea necesario.

4.  Médicos y gestión ideológica de las dictaduras

La relación especial de la medicina hacia los gobiernos dictatoriales consiste en que de su seno surgieron tanto decididos opositores como importantes detentores de cada régimen de en particular.

El apoyo explícito a las medidas de fuerza tanto en cuanto a la formulación de metas estratégicas como de actitudes y conductas necesarias para la coordinación de la violencia organizada es digna de destacar ya que los médicos aquí implicados pusieron al servicio del sistema represivo tanto su forma de pensar científico-natural como el prestigio de la profesión.

En este contexto adquiere un valor ejemplar la actividad teórica de un médico militar chileno. Éste  publicó dos documentos ‘El irredimible’ y ‘Los rescatables’, rescpetivamente el 11 y 12 de Octubre de 1973 en „El Mercurio“, periódico de renombre.

En el primero presenta una clasificación del contingente que forma parte del 44% de votantes pro-Unidad Popular (U.P.) en Marzo de 1973 en cinco grupos (extremistas - activistas de alta peligrosidad - militantes de los partidos de la U. P. - simpatizantes de la U.P.) para los cuales propone medidas particularizadas de acuerdo a su grado de peligrosidad para el nuevo régimen: irredimibles - no utilizables pero sí neutralizables - no inmediatamente rescatables pero posiblemente confiables al reconsiderar su militancia - ganables mediante una política inteligente y exitosa).

En el segundo documento se refiere a ‘aquellos ciudadanos que sufrieron la persecusión marxista en los últimos tres años’ y le sugiere a la junta militar que se ajuste a la clasificación anterior y tome las medidas adecuadas si desea evitar la ‘reorganización del marxismo y el incremento progresivo de la resistencia  civil’[34]

En relación a la situación de los detenidos en el interior de cárceles y cuarteles del Uruguay, el Dr. Martín Gutiérrez, psiquiatra jefe del Penal de Libertad y posteriormente consejero de la Junta gobernante, expresa claramente:

"la guerra continuaba en el interior del presidio. Día tras día, reglamento tras reglamento, el objetivo perseguido era el de hacerlos sufrir psicológicamente."[35]

El Dr. Maraboto opina sin tapujos acerca de la necesaria lealdad incondicional del médico militar hacia los mandos superiores de su institución en Uruguay:

"La función del médico militar en cualquier país del mundo y en cualquier régimen político, es la de asesorar desde el punto de vista técnico al Jefe, pero éste en la última instancia es el responsable de lo que se haga o se deje de hacer en su unidad; el médico es 'oficial del Estado Mayor del Jefe', es decir, es su asesor en los aspectos médicos."[36]

Reflexión ético-profesional: La dimensión ideológica, en especial de médicos militares bajo gobiernos totalitarios, mantiene un alto grado de relevancia ya que parece poco verosimil que hayan tenido una gestión profesional como simples secuaces o ejecutores ciegos, esto es privados de opinión propia. Al contrario la constatación de una aquiescencia activa de médicos con los métodos y las metas  del sistema represivo, incluso en la definición de „grados de patogenidad“ de los opositores al regimen, permite comprender cómo la actitud de aceptación frente a la tortura, en el sentido de que ésta sería una técnica más en „tiempos de guerra“, alcanzó tal grado de difusión entre el personal militar, médicos inclusive.

Bloque II: La otra expresión de la historia

5.  El reverso de la medalla

Este ensayo sobre la praxis médica bajo la égida militar en Argentina, Chile y Uruguay sería unilateral, si no introdujeramos la dimensión de respuesta activa a la intención totalitaria del estado. En estos años de represión masiva, se puede constatar también la participación de médicos en actos de responsabilidad ética; personas que van más allá de una abstención pasiva a colaborar con el sistema opresivo y dan cuerpo y contenido a posiciones detentoras de la ética profesional. Así cobra un valor consubstancial saber si hubo resistencia de parte de los médicos frente a las violaciones de derechos humanos.

Así, durante la dictadura misma, hubo iniciativas personales y de grupos ecuménicos que dedicaron sus esfuerzos, incluso a pesar de las represalias, a promover los derechos humanos:

"Uno de los primeros profesionales en ofrecer servicios médicos a las víctimas de la tortura fue el Dr. Pedro Castillo, un cirujano torácico e integrante el American College of Surgeons. Durante una ola de despidos de académicos en el curso de 1975, al Dr. Castillo le había sido quitada la jefatura del departamento de cirugía de la Universidad de Chile. En 1981 fundó la Comisión Nacional Contra la Tortura... A principios de mayo de 1981, agentes de la CNI comenzaron a vigilar el domicilio del Dr. Castillo en Santiago... [El 27 de mayo de 1981 fue él] detenido en su domicilio y conducido al centro de detención de la calle Borgoño... (La prensa pro-régimen desató una campaña para implicar al Dr. Castillo en actividades 'subversivas' junto a los Dres. Manuel Almeyda y Patricio Arroyo, también activos en la atención a víctimas de la tortura)... No bien apareció en la prensa la acusación de terroristas contra los tres médicos, la Vicaría y la Comisión Chilena de Derechos Humanos expresaron públicamante que la policía secreta estaba furiosa por el hecho de que los médicos habían presentado acusaciones de tortura ante los tribunales chilenos o organizaciones internacionales de derechos humanos. Estos testimonios contenían descripciones detalladas de los centros de tortura operados por la policía secreta y en algunos casos atestiguaba la presencia de personal médico en los centros... Tres semanas después de su arresto, los tres médicos aparecieron en una cárcel de Valparaíso. El juez militar a cargo del caso autorizó a dos médicos norteamericanos a entrevistar al Dr. Castillo y a sus colegas. Visiblemente afectados por lo que les había sucedido, ellos relataron cómo habían sido sometidos a confinamiento solitario durante tres semanas, en su mayor parte con los ojos vendados, sin acceso a sus familias o sus abogados. Uno de los estadounidenses explicó luego a la prensa que 'lo que más les afectaba era el hecho de haber sido públicamente asociados a actos terroristas. Sus carreras podían ser deshechas en base a tales acusaciones'... El 1° de julio de 1981, un tribunal militar de Valparaíso dictaminó que no existían pruebas de que los tres médicos estuvieran vinculados con grupos terroristas y que la acusación sobre actividades políticas ilegales no correspondía a la juridisción militar. El juez militar trasladó la segunda acusación a un tribunal civil. El 4 de Julio el tribunal civil denegó el pedido de enjuiciamiento y ordenó su inmediata libertad."[37]

En un período de profunda fragmentación de la sociedad y de concitación tácita a crear desconfianza y aislamiento como actitud de autodefensa en los individuos, el tratamiento no discriminatorio de pacientes es la piedra angular para medir cada gestión de ética profesional bajo condiciones excepcionales.

En Uruguay recabamos la siguiente experiencia:

"Luego de un enfrentamiento armado entre el ejército y los Tupamaros fui llamado, en mi función de cirujano, a tratar a los heridos. Constaté de entrada un balazo en el tórax en el Sr. Z., tupamaro, y una herida de refilón en un glúteo de un oficial militar. Pedí que nos abocáramos al tratamiento de urgencia del Sr. Z. y se me indicó que él podía esperar, pues había también un militar herido.

Insistí en que la primacía médica era atender al más grave, sin que imperen otras consideraciones y me aboqué a tratar al Sr. Z..."[38]

Reflexión ético-profesional: Tras el retorno a la democracia representativa se mantiene el terror dictatorial muy presente en la conciencia de quienes vivieron bajo su égida. Hay sin embargo actos memorables de ética profesional en esos tiempos difíciles y su recuerdo circunstanciado puede permitir una visión más cabal de la época. Las situaciones ejemplares aquí descritas muestran a médicos en actitudes de resistencia activa dentro de la praxis cotidiana.

6. Sumarios y juicios internos de las organizaciones médicas. Las condiciones de amnistía legal.

Aunque hasta ahora en los tres países no ha habido gestiones específicas del poder judicial para definir en forma legal responsabilidades personales de quienes participaron institucionalmente en actos de tortura, asesinato o desaparición; es digno de destacar que los gremios médicos ha buscado formas de mostrar los límites de la ética profesional bajo la dictadura militar.

 Con claridad incuestionable las asociaciones gremiales de Chile y Uruguay han manifestado que la actividad médica de apoyo al aparato represivo del estado no puede ser considerada como regular bajo circunstancia alguna. El juicio ético inter pares ha tenido en los tres países una fuerte resonancia en la opinión pública.

 En Argentina se dió curso a un „Tribunal Ético de la Salud contra la Impunidad“ el 3 de Diciembre de 1987 en la ciudad de Buenos Aires. En ese  Tribunal se juzgó in absentia a tres médicos[39], reconocidos por muchos ex-prisioneros como responsables directos de actos de tortura, raptos de niños e incluso asesinatos.

La Dra. Diana Kordon, como fiscal, basó su argumentación en los códigos de ética vigentes, como razón fundamental manifestó:

"El artículo primero del Código de Ética, ratificado por la Confederación Médica de la República Argentina en 1955 dice textualmente: 'En toda actuación, el médico cuidará de sus enfermos ateniéndose a su condición humana. No utilizará sus conocimientos médicos contra las leyes de la humanidad'"...."[40]

Y fundamentó su acusación sobre testimonios de personas afectadas por el terrorismo de estado y que estuvieron en directa relación con los médicos impugnados (comp. relaciones del Dr. Liwski más arriba). La fiscal declaró en su pladoyer:

"La metodología represiva necesitaba para su implementación de la participación de médicos. Estos evaluaban los niveles de resistencia de los prisioneros a los tormentos. Dirigían y controlaban la prolongación del sufrimiento, a fin de poder obtener el máximo de información. siniestra tarea la de estos profesionales, dosificar la tortura, ser parte de la tortura. Y también participaban en el robo de niños secuestrados y nacidos en cautiverio, a través de asistencia a las detenidas-desaparecidas parturientas y de los falsos certificados que existían...“[41]

El Tribunal, por unanimidad, declaró a los inculpados responsables de faltas substanciales a la ética profesional y de crímenes de lesa humanidad. En su resolución final hizo un llamado a universidades, comunidad académica, colegios médicos, instituciones de la salud y comunidad para que negaran a los médicos condenados el acceso a toda índole de actividades docentes, de investigación y de labores médicas.

El Colegio Médico de Chile (CMC), basado en una larga tradición de colegiatura profesional y con estatutos de referencia jurídica que habían sido derogados en 1973 por la dictadura militar, poco después de las primeras elecciones gremiales no intervenidas por el gobierno militar empezó a desarrollar en 1983 actividades para aclarar conflictos éticos relacionados con la represión política. Las gestiones de su Comité de Etica concitaron una gran atención porque no él no vaciló en llamar a juicio interno a colaboradores médicos del aparato represivo de la dictadura. Con esto cumplía una función de juzgado paralelo que, por su sola presencia, ponía de manifiesto la ceguera de la justicia ordinaria sobre esta temática y emplazaba al sistema represivo en base a casos y cargos concretos. [42]

Desde 1983 hasta la fecha, se ha dado curso a un gran número de gestiones parajudiciales, cuestionando la participación de médicos en labores represivas. De ellas sólo han sido dadas a conocimiento público aquellas en las que se demuestra sin lugar a dudas la responsabilidad directa del médico inculpado.

Con una trayectoria definida así, no extraña que en el período 1983-89 los miembros de la directiva del CMC fueran motivo también de persecusión directa por parte del gobierno militar e internados como presos políticos por períodos de hasta varios meses.[43]

En Uruguay hubo un desarrollo similar dentro de las dos organizaciones gremiales médicas, la Federación Médica del Interior y el Sindicato Médico del Uruguay. Con ímpetus de largo aliento rememora G. Martirena el momento gestor de la Comisión Nacional de Ética Médica:

"Aunque ello afrente a la Medicina Uruguaya, es un hecho histórico e irrefutable que hubo médicos militares que participaron activa o pasivamente en la tortura de los presos políticos, o que al servicio de sus mandantes violaron normas éticas que debieron respetar. Existe además una responsabilidad colectiva de omisión de denuncia por parte de los médicos militares,... al pertenecer a una institución... ejecutora de prácicas atentatoria contra los Derechos Humanos, en un grado de generalización y con tal fuerza de evidencia que ninguno pudo desconocer... Ante estos hechos, en el mes de julio de 1984 -vigente aún la dictadura en Uruguay- (tuvo lugar) la VII Convención Médica Nacional... En su seno, y ante la presencia de médicos militares, se hizo pública, una vez más, la denuncia de la tortura sistemática que sufrían los Presos Políticos, así como la violación de los Derechos Humanos por parte del gobierno dictatorial... se creó, por unanimidad de los médicos delegados, la Comisión Nacional de Ética Médica.[44]

A poco de iniciarse las actividades de esta comisión hubo una resolución de gobierno, firmada por el entonces ministro de Defensa Nacional, médico Dr. Justo M. Alonso Leguísamo, -trocando el concepto de Comisión por el de Tribunales- en los términos siguientes:

"1o. Prohíbese la concurrencia de los Médicos Militares a efectuar cualquier tipo de declaraciones ante los Tribunales Éticos creados por la VII Convención Médica Nacional, debiendo mantener informado al Superior de cualquier situación de tal especie que se presente.

2o. Publíquese, comuníquese al Servicio de Sanidad de las Fuerzas Armadas y archivese."[45]

A pesar de tal prohibición, los tribunales éticos pudieron realizar una labor esclarecedora de gran magnitud y poner de manifiesto diversas trasgresiones a la ética profesional en base a denuncias confirmadas por la investigación subsecuente.[46]

Reflexión ético-profesional: En especial, considerando la evidente reticencia a un cuestionamiento público de lesiones a la ética profesional durante las dictaduras en los tres países, se puede manifestar que los juicios inter pares de las organizaciones médicas cobran un valor excepcional. La escasa emulación, en el seno de otras entidades profesionales, de tales gestiones para recuperar valores éticos afectados dentro de cada entidad profesional nos muestra de manera ejemplar lo difícil que es crear valores sociales y culturales basados en tales experiencias.

Bloque III: Reacciones frente a nuevos dilemas de ética

7. nuevos temas de conflicto ético-médicos

Considerando que la época dictatorial, además de su dimensión de terror, significó también un cuestionamiento en todas las áreas del quehacer social, nos parece que de esa época surgieron, o se han hecho evidentes, nuevos desafíos para la ética profesional. De este modo, es posible postular que desde ese período se acentúa la sensibilidad profesional frente a conflictos éticos.

 En el curso de este subcapítulo deseamos bosquejar algunas de estas áreas en las que la ética profesional se enfrenta a situaciones hasta ahora no maduradas culturalmente y para las cuales no siempre es posible encontrar soluciones de absoluta certeza. También nos parece importante considerar la experiencia de represión vivida por muchos médicos para acentuar la sensibilidad frente a las condiciones de vida, por ejemplo, de personas encarceladas por cualquier razón.

a) Ex-torturadores y su virtual tratamiento psicoterapéutico

 Si bien en una guerra regular no es motivo de disgresiones morales si un médico militar debe o no debe atender a un herido, miembro del ejército enemigo; en la situación inédita, creada por las dictaduras militares en los tres países, la atención psicoterapéutica de aquellas personas que han sido participantes activos en la tortura constituye un tema de alta controversia.

 D. Lagos poco después de la vuelta a la democracia en la Argentina se explaya sobre la historia clínica más reciente de un ex-torturador. Se trata de un paciente con síndromes depresivo y persecutorio, de múltiples internaciones neuropsiquiátricas en Buenos Aires y tratamientos con psicofármacos y psicoterapia individual durante ocho años (1978-86). En 1986 se decidió realizar con él una psicoterapia de apoyo en pareja. En la primera sesión con el paciente, el médico destacado para realizarla tomó conocimiento de que el paciente había participado activamente en la represión y que se sentía acosado por sus actos anteriores. Sin embargo, al revisar la historia clínica, constató que hasta ahora nadie había documentado ese aspecto realmente importante de la vida del paciente, al parecer con cada nuevo psicoterapeuta se había renovado una especie de pacto de silencio sobre su actividad como torturador y, por consiguiente, eso no se había tematizado en la psicoterapia. Esto coincidía con la actitud del paciente hacia el terapeuta ya que esperaba que éste sólo hiciera desaparecer los síntomas. D. Lagos hace algunas reflexiones sobre la actitud de otros terapeutas quienes, según él, al entrar en el pacto de silencio se harían cómplices del ex-torturador, sustentando sus esfuerzos de "anular los síntomas" e incluso lo exculparían tácitamente, al mantenerlo en el rol de enfermo sin hacer referencia en la historia clínica a tales elementos básicos de su biografía y psicopatología.[47]

b) Médicos y pena de muerte:

 La participación activa de médicos en la pena de muerte es de gran actualidad en tanto que se puede considerar la inyección mortífera como una forma "más depurada, incluso aséptica" de ejecución[48].

 El Colegio Médico de Chile manifestó su oposición a cualquier tentativa de poner a médicos en estas funciones en un país que hasta hace poco mantenía la pena de muerte en su Código Civil[49].

 Para  la necesaria reflexión sobre el tema en el CMC sirvió de ejemplo la negativa del Dr. Start de los EE.UU. a administrar la inyección intravenosa y consumar la pena de muerte en un condenado del Estado de Oklahoma. Esto condujo a una intensa discusión sobre ética profesional (el juramento hipocrático prohibe administrar drogas mortales) y las funciones de médicos de prisiones. La Asociación Médica Norteamericana aprobó en 1982 una declaración en el sentido que un médico no puede participar en las ejecuciones. La discusión fue terminada en tanto que la autoridad estatal determinó que las inyecciones fueran dadas por personas que no tuvieran la calidad de médicos. Seguramente, debido a esta actitud explícita del CMC, no prosperaron iniciativas de "importar" la forma de ejecución por inyección mortal de EEUU a un país que ha estado a menudo a la vanguardia de hacer suyos tales avances de la cultura occidental.[50]

c) Médicos y huelga de Hambre:

 La actividad profesional y el conflicto ético del equipo sanitario de apoyo a los participantes en huelga de hambre son los temas centrales de la discusión sobre el tema en el ámbito uruguayo. M. de Pena, M. Jaúregui y G. Mesa realizan un análisis circunstanciado de sus experiencias en esa área de actividades médicas por más de 25 años:

"... En el caso de huelga de hambre, los participantes se suponen sanos y están dispuestos a poner en riesgo su salud hasta la muerte inclusive, por un fin que está fuera de él y que no se relaciona con su salud. sus intereses son, en principio, antagónicos a los del equipo sanitario... Desconocer el enfrentamiento entre dos ‘deberes’ igualmente válidos para cada uno de los grupos en juego, puede determinar el fracaso de la gestión sanitaria’

 Ellos suscriben la declaración  de la Asociación Médica Mundial en tanto que:

 "Es deber del médico respetar la autonomía que el paciente tiene sobre su persona. Un médico precisa del consentimiento informado de sus pacientes antes de aplicar cualquier conocimiento para ayudarlos,..."[51]

d) Normas éticas relativas a la atención médica de detenidos

 Como ya se ha manifestado anteriormente, tanto la directiva como los miembros del Colegio Médico de Chile mantuvieron contactos muy estrechos con las fuerzas de oposición a la dictadura y llegaron a conocer de este modo las condiciones físicas de las cárceles chilenas y el arbitrio que a menudo impera en las relaciones entre carceleros y prisioneros.[52] Esta afiatada sensibilidad llevó al CMC, ya en 1985[53], a emitir una resolución acerca del trato médico a detenidos.

e) Hacia una legislación contra los crímenes de lesa humanidad

 Además de incluir y difundir estas formas explícitas de promover los derechos humanos en las áreas específicas de las labores médicas, en los tres países las organizaciones de médicos han dado curso a iniciativas tendientes a superar las "zonas de omisión y silencio" aún existentes en la legislación general. En este punto deseamos llamar la atención hacia un proyecto de ley sobre "Delitos de lesa humanidad" del Colegio de Abogados del Uruguay, en el cual se especifican en particular las áreas de dolo habituales en gobiernos de facto y se estipulan sanciones específicas para cada una de ellas, el que, si bien no podría actuar en términos retroactivos, al ser aprobado como cuerpo de ley permitiría sostener la esperanza en que las experiencias bajo el terrorismo de estado pertenecen verdaderamente al pasado y los médicos, entre otros profesionales, no podrían apelar a virtual ignorancia frente a renovados ataques a la dignidad humana.[54]

Comentarios

 Sobre la base de los ejemplos de la praxis médica aquí referidos deseamos dar fundamento a la tesis de que la presentación sistemática del quehacer profesional en esa época -tanto en el área de violaciones a los derechos humanos como en las manifestaciones de oposición- puede contribuir a darle una forma concreta al tema de la praxis médica bajo dominación totalitaria. Así es posible acceder a una esfera profesional más bien obviada y entregar conocimientos específicos a la opinión pública.

En los tres países era un secreto a voces la participación de médicos en crímenes de lesa humanidad, así resulta hoy algo extraña la actitud de ocultar la cabeza en la arena de algunas personas frente a tales hechos, desconociendo que ellas realizaban labores profesionales en "zonas de alta densidad" de violaciones a los derechos humanos.

En este aspecto resulta ejemplar la tentativa de autojustificación del Dr. Carlos Rivero, psiquiatra del Penal de Libertad, Uruguay:

"Yo estaba limitado a mi función, así ignoraba algunos aspectos y existían algunos aspectos que yo deseaba ignorar... Eso no entraba en mis labores. Yo soy un médico".[55]

Algunos médicos militares han tenido un alto grado de responsabilidad en los delitos de lesa humanidad en esos países. Sin embargo, la dominación totalitaria en los tres países no dispuso de un radio de acción ilimitado, sino que se vió a menudo confrontada a actitudes de oposición individual y gremial. Y no parece que los médicos reticentes -en virtud de sus principios hipocráticos- a la colaboración represiva hayan sufrido ataques o represalias de importancia. Igualmente hubo médicos militares que abdicaron de sus funciones para no entrar en colisión con sus principios éticos y políticos. Hubo campañas de resistencia colectiva de parte de médicos aún durante la dictadura en Chile y Uruguay que condujeron a un propósito concreto: dar a conocer a la sociedad y sancionar gremialmente las violaciones a los derechos humanos cometidas por médicos.

Con posterioridad al período dictatorial, hay ciertamente un largo camino a recorrer antes de que el postulado "Actúa sólo de acuerdo a la regla, de la cual tú a la vez puedas desear que llegue a ser una ley general"[56] -y no sólo en círculos médicos- se convierta culturalmente en un lugar común y no deba concitarse atención sobre ello.

Conocer y comprender cómo los médicos participaron dentro y en contra del sistema opresor, puede ser útil para profundizar en lo que fue esa época en sí, pero quizá también para prevenir virtuales reincidencias, incluso en los llamados tiempos de paz.